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EL “MURMULLO” ES EL IMPUESTO QUE COBRA LA “ENVIDIA” AL “MÉRITO”
Cartas de lectores : POR NÉSTOR FABIÁN MIGUELIZ ABOGADO, INVESTIGADOR, IUSPUBLICISTA
10/6/2014 9:55:07

LA INDAGATORIA ‘VICEPRESIDENCIAL Y LAS INMUNIDADES CONSTITUCIONALES.
Por primera vez en la historia constitucional, política y penal argentina, una autoridad de relevancia constitucional -como el vicepresidente de la Nación en ejercicio- prestará hoy declaración indagatoria ante un juez que lo investiga. (ler más)


NO TIENE INMUNIDAD DE PROCESO

Producido el hecho ritual propiamente dicho, el magistrado cuenta con un plazo (diez día hábiles) para resolver si ordena su procesamiento, dicta la falta de mérito o la absolución del imputado. La causa penal, podrá continuar hasta su conclusión, pues el funcionario constitucional imputado no goza ya de la inmunidad de proceso que le otorgaban los derogados artículos 189 a 191 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). Y ello merced a la vigencia actual de la denominada "ley de fueros" (Nro. 23.520, del año 2000), que instituyó un "regimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados", reglamentando así imprecisos contenidos constitucionales; y -con mayor fuerza- "desterrando" serios obstáculos que legislaban varios códigos provinciales de procedimiento en materia penal, así como el nacional precitado.

SÍ TIENE INMUNIDAD DE ARRESTO

En cambio, una orden de detención contra el vicepresidente -más allá de las connotaciones institucionales y/o políticas que ella trae aparejada para la salud de la República- no podrá hacerse efectiva inmediatamente. Pues previamente, deberá ponerse en marcha el mecanismo constitucional del juicio político -con la necesaria intervención del Congreso de la Nación- ó en hipótesis, una situación en la que este último acepte una renuncia válidamente presentada.

Así lo establece -claramente- la precitada “ley de fueros” en su artículo 1º, cuando dice: "En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida".

NO TIENE INMUNIDAD DE OPINIÓN

Recuerde el lector, que el vicepresidente de la Nación NO ES UN LEGISLADOR DE LA NACIÓN. Para hacer uso de la palabra en el recinto del Senado -cuyo Cuerpo preside, por así establecerlo, como carga, la Carta Magna- el funcionario debe solicitar el asentimiento de los legisladores (Ver Art. 33, Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación). Y sólo ella lo llama a desempatar en esa hipótesis de paridad (vota, pero no habla. Ver Art. 57, C. N.). Por eso, comúnmente, se cree que no goza de ninguna clase de fueros (palabra que no se encuentra en el texto constitucional).

FUENTE DE LAS INMUNIDADES DEL VICEPRESIDENTE

Como no debe encuadrárselo en otro ámbito institucional que no fuere el Poder Administrador -cuestión que aún discute alguna doctrina (ver Art. 87, C.N. Poder Ejecutivo es unipersonal y desempeñado solamente por el “presidente de la Nación”)- no le alcanzan las inmunidades que sí otorga el Texto Fundamental a los parlamentarios por medio de los artículos 68 a 70, y que vino a reglamentar (“con dudosa constitucionalidad”, según Quiroga Lavié) la ley 23.520. Claro que el Art. 53 de nuestra Carta Magna, lo torna susceptible de soportar acusación (junto a otros funcionarios del mismo status constitucional) -en juicio político- por la Cámara de Diputados y ante el Senado.

Previo a ello (antes del año 2000), los ordenamientos procesales de las distintas jurisdicciones -y la Nación misma- establecieron prerrogativas en favor de todas las autoridades constitucionales: es decir, ciertos “filtros” hoy derogados.

La “ley de fueros” -que rige plenamente- equipara las situaciones y autoridades de los tres poderes, y establece un régimen igualitario para todos ellos, prescindiendo (o “estirando”) el alcance de los precitados artículos constitucionales.

Así son, las inmunidades -exactamente con la misma “medida”- de la que gozan tanto la presidente como el vicepresidente de la Nación. No olvidar que la mejor definición -que nos llega del país del norte- es la que lo caracteriza como “la figura de reserva”.-

Luján, junio 9 de 2014.-

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